1 de marzo, nuevo tratado europeo
Posted By MxS on 22 febrero, 2012
El próximo 1 de marzo está prevista la firma por los jefes de Estado y de gobierno del nuevo Tratado europeo. Tras esta firma debe abrirse en todos los países firmantes y, por tanto, también en el Estado Español un proceso de ratificación en los correspondientes Parlamentos nacionales. La entrada en vigor del Tratado está prevista para el 1 de enero de 2013.
El nuevo tratado se apoya, como era de esperar, en todos los anteriores, pero tratando de poner remedio a los diferentes “incumplimientos”. Incumplimientos que, en su conjunto, se deben a la imposibilidad de imponer algunas de las medidas exigidas por el capital financiero a través de la Unión Europea, debido a la resistencia de los trabajadores, a la lucha de clases.
Así, el FMI y la Comisión Europea dudan de que Grecia vaya a cumplir con las condiciones exigidas para su supuesto “rescate”, ante la movilización revolucionaria de los trabajadores y el pueblo griegos, y exigen nuevas garantías y compromisos que se mantengan después de las próximas elecciones previstas para el mes de abril. Para hacer frente a esa dificultad, el nuevo Tratado subordina directamente
la política económica de cada Estado a los bancos mediante la regla de oro e introduce dispositivos automáticos e instrumentos coercitivos para imponerlo.
Sin esperar a la aprobación del nuevo tratado, algunos gobiernos, como los de Francia y Alemania, ante la gravedad de la crisis que azota a las instituciones europeas, pretenden tomar la delantera y quieren que se apruebe de inmediato el llamado “Mecanismo Europeo de Estabilidad”, que complementa el Tratado.
Los contenidos del nuevo Tratado
De manera resumida, el objetivo básico del tratado consiste en inscribir en la constitución de todos y cada uno de los países de la Unión Europea la obligación de respetar el tratado de Maastricht, permitiendo poner bajo tutela de manera casi automática a todo Estado que contraviniera las exigencias económicas y fiscales de la Unión Europea.
Por tanto, el tratado instaura una auténtica dictadura de la Unión Europea, llamada a dictar políticas de privatizaciones, de austeridad, de desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, y de recortes presupuestarios (para cumplir los objetivos de déficit y de deuda) en proporciones desconocidas hasta ahora. Nuestros camaradas franceses calculan que en su país aplicar esas normas supondría un recorte de 85.000 millones de euros. Más de 20 % del presupuesto de la nación podría ser amputado cada año para satisfacer las exigencias de este tratado. En el caso de España la cifra sería de unos 35.000 millones de euros, casi un 10% del Presupuesto de 2011 (que fue de 362.000 millones de euros).
De hecho, va a haber, no uno, sino dos tratados: el que inscribe la exigencia de equilibrio presupuestario, la “regla de oro” en la Constitución de cada país, e instaura la dictadura de la Unión Europea, se llama “TECG” (Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Europea); pero hay ya en marcha un primer tratado, el que impone el “MEE”, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que organiza la supuesta “ayuda financiera” a los Estados (por ejemplo, la “ayuda” a Grecia). En el texto de este último Tratado podemos leer que “El presente tratado y el ‘TECG’ son complementarios (…) se ha reconocido y convenido en que la concesión de una asistencia financiera (…) en virtud del ‘MEE’ está condicionada a partir del 1 de marzo de 2013 a la ratificación del ‘TECG’ por el Estado miembro interesado”.
El TECG:
- Obliga a inscribir en la Constitución la exigencia del equilibrio presupuestario (“regla de oro”).
- Prevé la aplicación automática de sanciones a los Estados en caso de incumplimiento de esa regla.
- Obliga a reducir al menos un 5 % cada año la deuda pública, en España, unos 35.000 millones de euros (lo que supone casi el 10% del Presupuesto de Estado). La reducción equivale a un 70% del presupuesto de la educación pública.
- Obliga a los Estados firmantes del Tratado a llevar a cabo contrarreformas que habrán de presentar previamente a las instancias de Bruselas.
Algunos artículos del Tratado
“El saldo presupuestario del gobierno central debe ser equilibrado o en superávit”, promulga el artículo 3.1.a del proyecto de tratado. Por tanto, ¡quedan prohibidos los déficits! De hecho, se admitiría, como mucho, una tolerancia del 0,5 % (con relación al Producto Interior Bruto) de déficit “estructural”, según lo establecido en el apartado siguiente. Este objetivo debe alcanzarse “a medio plazo”, es decir, en un plazo de tres a cinco años. Esto significa que el déficit de España no podría, por mandato constitucional, ser superior a los 5.000 millones de euros. En 2011 fue de 80.000 millones y en 2012 se prevé (con 40.000 millones de euros de recortes, que estrangularían a los servicios públicos y a la economía) bajarlo a 44.000 millones.
En caso de superar esos límites, se aplicarían mecanismos correctivos automáticos Si se supera el umbral del 0,5% de déficit, o si “se observa una desviación significativa con relación al objetivo a medioplazo o en el camino hacia éste”, prevé el artículo 3.1., “ entrará en acción inmediatamente un mecanismo correctivo. Este mecanismo deberá incluir la obligación de aplicar medidas para corregir las desviaciones en un período definido de tiempo”. ¿Cuáles serán esos “mecanismos correctivos”? ¿Otra reducción de sueldo de los funcionarios o de sus jubilaciones? El tratado no dice sobre eso palabra alguna, pero insiste en el carácter “inmediato” de las medidas que hay que tomar. Todas estas reglas han de inscribirse en las Constituciones nacionales. La regla de prohibición de déficits y la del “mecanismo correctivo inmediato” deben inscribirse, en un plazo máximo de un año, en las correspondientes constituciones de cada país, como ordena el artículo 3.2 del tratado, que exige que se adopten “disposiciones de carácter apremiante y de naturaleza permanente, preferentemente al nivel de la Constitución, cuya aplicación deberá ser garantizada completamente y seguida a través de la totalidad de los procesos presupuestarios nacionales” El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a petición de la Comisión de Bruselas o de un Estado miembro, juzgará si las modificaciones de las Constituciones nacionales son conformes con la letra y el espíritu del Tratado, con amenaza, en caso contrario, de una multa del 0,1 % de PIB (1.000 millones de euros, en el caso de España). El artículo 3.2 del Tratado exige “Disposiciones de carácter apremiante 1 de marzo, nuevo tratado europeo y de naturaleza permanente, preferentemente al nivel de la Constitución, cuya aplicación deberá garantizarse completamente y mantenerse a través de la totalidad de los procesos presupuestarios nacionales”.
Maniobras de distracción y confusión
Doce gobiernos de la UE han dirigido este lunes una carta a la Comisión y el Consejo europeos proponiendo apoyar y complementar el tratado que impone la austeridad y la gobernanza con todo un catálogo de medidas de desreglamentación y de apertura a los Estados Unidos.
La propaganda oficial dice que se trata de combinar la austeridad con el crecimiento. En realidad, las medidas propuestas agravan el desmantelamiento de todas las leyes y normas que suponen trabas para la sobreexplotación de los trabajadores, la destrucción de las conquistas sociales y el saqueo de los países por el capital financiero y las multinacionales. No crean ni un solo puesto de trabajo. Este manifiesto ha sido cocinado por el gobierno británico conservador, el gobierno holandés y el gobierno italiano del agente de los bancos Mario Monti. Lo suscriben, en particular, países muy directamente sometidos a los Estados Unidos. Rajoy lo ha firmado, como Aznar participó en las Azores. Hasta ahí, normal. Como es normal que los medios de comunicación de esa cuerda lo apoyen, como El País. Lo que llama la atención es el apoyo inmediato de la nueva dirección del Partido Socialista, que inmediatamente se felicitó de que al suscribir ese libelo Rajoy haya dado la razón con seis meses de retraso a Rubalcaba y su propuesta de “combinar austeridad y estímulo al crecimiento”.
¿A qué extremos de falsificación e hipocresía piensan llegar?
Insistimos, los firmantes del manifiesto parten de apoyar el tratado, la dictadura llamada gobernanza. el gobierno italiano insiste en que para nada se contrapone al plan “franco-alemán”, es decir, a los dos tratados proyectados.
Campaña contra la ratificación y aplicación del Tratado
En la reunión entre Rubalcaba y Rajoy apareció un amplio consenso en los temas europeos, que es el eje del amplio dispositivo de colaboración del PSOE con el Gobierno. Todo parece indicar que la nueva dirección del PSOE va a hacer bloque con el PP sobre el Nuevo Tratado, cosa coherente con el pacto del pasado verano para imponer la reforma constitucional. Incluso están intentando llegar a un compromiso que permita que el PSOE apoye la Ley de Estabilidad que desarrolla aquella reforma constitucional para brindar a los especuladores un consenso sin fisuras.
Todavía ignoramos el calendario, pueden plantear la votación en Cortes en cualquier momento a partir del 1 de marzo.
También habrá que ver la posiciónde los sindicatos, que en verano se manifestaron en contra de la reforma constitucional, aunque luego colaboran en su aplicación, en particular con el Acuerdo de recorte salarial y flexibilidad firmado con la CEOE. Porque, en cualquier caso, el Gobierno y todas las instituciones del régimen están volcados a aplicar con creces lo que el tratado establece, y sometidos a las exigencias del FMI y la UE, que reclaman ya los Presupuestos, y medidas adicionales de ajuste en todos los terrenos. El Gobierno retrasa los presupuestos no sólo por las elecciones andaluzas (que la actitud del PSOE les sirve en bandeja), sino porque busca con desesperación cómo alargar los plazos de la reducción el déficit. Tiene el compromiso de cumplir a toda costa lo que la UE exija. De momento, exige pasar este año del actual 8 por ciento estimado de déficit al 4,4 por ciento. Cosa imposible sin un plan a la griega. Espera en particular a que el día 23 la Comisión fije las perspectivas oficiales de crecimiento para los diversos Estados miembros.
En cualquiera de las variantes que barajan para los presupuestos según lo que FMI-UE dicten, tienen que ir mucho más lejos en los recortes presupuestarios y en la destrucción de derechos y condiciones de trabajo y de vida. Las manifestaciones del 19 demostraron ue la clase está en pie y según confesión de Toxo y Méndez fueron mucho más masivas de lo que ellos pretendían. Los trabajadores buscan la movilización para echar atrás el ajuste, ellos sólo buscan participar en él y modularlo. El nuevo plan de ajuste que, aparte de posibles adelantos está previsto se anuncie con losPresupuestos a final de marzo será imposible aplicarlo sin la colaboración estrecha no sólo del PSOE sino de los sindicatos. n lugar de romper el AENC y exigir la etirada del plan de ajuste, la respuesta de las cúpulas de CCOO y UGT a las manifestaciones el domingo ha sido constituir el lunes con las ONG, elementos católicos, corporativos y apéndices del Estado una plataforma en defensa del Estado de Bienestar que –coincidiendo con Rajoy y Rubalcaba– exige que se ejecute el plan de ajuste con plazos más amplios, respetando las ayudas a los banqueros, sin enfrentarse a la privatización. Es decir, dando cobertura al desmantelamiento de a sanidad y la enseñanza con una política contra los servicios públicos. Es imprescindible preparar una campaña irigida a los diputados del PSOE y a los demás diputados que se reclaman del socialismo y de los derechos de los pueblos para exigir que voten NO al nuevo tratado. Para nosotros esto es inseparable de reforzar todas las expresiones de resistencia a los recortes, arreciar la lucha por la unidad desde cada sector, centro de trabajo o de estudio, desde todas las instancias por la retirada de la reforma laboral, de todos los recortes, del plan de ajuste (en estos momentos, defendiendo a los estudiantes del instituto valenciano Luis Vives de la salvaje represión policial). Los sindicatos, que estuvieron contra la reforma constitucional, deberían hacer campaña contra la ratificación de este tratado, y a la vez negarse a aplicar el plan de ajuste, empezando por romper el AENC. La preparación de la Conferencia Obrera Estatal por una representación política fiel a los trabajadores, sin duda va a incorporar el combate por la NO ratificación del tratado y por la derogación de la reforma constitucional. Es una campaña que habría que extender a todo el movimiento obrero.